Los cambios legales previstos para Guatemala en 2026, encabezados por el Decreto 7-2025, redefinirán la forma en que se ejecutan los recursos públicos y cómo las empresas interactúan con el Estado. La posibilidad de que los Consejos Departamentales de Desarrollo utilicen en 2026 los fondos no ejecutados durante 2025 introduce un modelo de ejecución más flexible, pero también con nuevos retos de fiscalización y orden financiero. Este cambio obliga a empresas y proveedores del Estado a revisar plazos, contratos, mecanismos

Los cambios legales previstos para Guatemala en 2026, encabezados por el Decreto 7-2025, redefinirán la forma en que se ejecutan los recursos públicos y cómo las empresas interactúan con el Estado. La posibilidad de que los Consejos Departamentales de Desarrollo utilicen en 2026 los fondos no ejecutados durante 2025 introduce un modelo de ejecución más flexible, pero también con nuevos retos de fiscalización y orden financiero. Este cambio obliga a empresas y proveedores del Estado a revisar plazos, contratos, mecanismos

Los cambios legales previstos para Guatemala en 2026, encabezados por el Decreto 7-2025, redefinirán la forma en que se ejecutan los recursos públicos y cómo las empresas interactúan con el Estado. La posibilidad de que los Consejos Departamentales de Desarrollo utilicen en 2026 los fondos no ejecutados durante 2025 introduce un modelo de ejecución más flexible, pero también con nuevos retos de fiscalización y orden financiero. Este cambio obliga a empresas y proveedores del Estado a revisar plazos, contratos, mecanismos